En el actual marco legislativo español, la profesión de traductor carece casi por completo de regulación jurídica, salvo en lo referente a la figura del «Intérprete Jurado».
Al margen de esta regulación específica, cualquier persona puede prestar servicios profesionales de traducción, sea cual sea su formación y cualificación, siempre que cumpla la normativa fiscal y laboral generalmente aplicable al desarrollo de actividades económicas.
ASATI ha elaborado un informe en el que realiza un repaso exhaustivo a la normativa por la que se rige el sector de servicios de traducción en España y los problemas y carencias que la misma presenta en algunos casos.