La charla comenzó con unas pinceladas sobre el sector. Este tipo de interpretación busca facilitar el acceso a los servicios públicos de aquellas personas que no dominan la lengua mayoritaria de un país y que tampoco conocen la cultura y se diferencia de otros tipos de interpretación por aspectos como la cualidad de intrasocial, el peso del desconocimiento de la cultura y las necesidades que tiene el usuario final. Los ámbitos de trabajo en los que se da son hospitales, centros de salud, centros educativos, juzgados, comisarías y asociaciones de apoyo y contra la violencia de género. Es importante hacer esta diferenciación, dado que una interpretación en una clínica privada no podría considerarse interpretación en un servicio público.

En España se dan incongruencias como las siguientes. En primer lugar, solo existen dos másteres universitarios y un título de experto, más allá de algún cursillo y asignaturas optativas en los grados universitarios, siendo que hay 6 200 000 personas extranjeras censadas en el país (el equivalente a un 13 % de la población total). ¿Por qué hay tan poca oferta siendo que hay tanto usuario necesitado de estos servicios? Además, en estos másteres se trabaja con inglés, francés, alemán, árabe, chino y ruso. Sin embargo, en Aragón, la población extranjera más prominente viene de Rumanía, Marruecos y China. ¿Cómo se puede ofrecer un servicio de calidad en idiomas como el rumano o dialectos marroquíes, a veces más utilizados que el propio árabe, si no se oferta en estos másteres?

Actualmente, la interpretación en servicios públicos se ofrece o mediante asociaciones con convenios y voluntariado o siguiendo un modelo de licitaciones. Sin embargo, en este modelo no se requiere que los intérpretes sean profesionales o que sigan un código ético o deontológico, con todos los problemas que esto puede acarrear. De todas maneras, el modelo de licitaciones tiene tanto ventajas como inconvenientes. Por ejemplo, permite cierta inmediatez desde la petición del servicio hasta el momento en el que llega el intérprete disponible, pero repercute en las tarifas que cobran los individuos que ofrecen el servicio y en la pérdida del valor atribuido a la profesión. Por eso, el servicio lo desempeñan muchas veces intérpretes sin formación específica o simplemente familiares o conocidos que intentan suplir el papel de un profesional sin tener ni las técnicas ni el vocabulario necesario. A eso se le añade la presión de tener que comunicar noticias desagradables o estresantes a una persona con la que se tiene cierta afinidad. Por ejemplo, se han dado casos de niños que han tenido que explicar a sus padres que el resultado del análisis que estaban esperando confirmaban un tumor, con el trauma que puede suponer para ambas partes.

Los fallos de este modelo afectan a la sociedad española en su conjunto, ya que no son solo son un problema para el usuario final, que a su vez se puede estar jugando una pena de cárcel o un diagnóstico médico, sino que también suponen un aumento del gasto público. Si se suspende un juicio porque el acusado no puede explicarse con claridad, habrá que pagar los gastos por duplicado: los del juicio cancelado y los del juicio posterior. Si se llevan a cabo unas pruebas médicas que no son necesarias por la falta de entendimiento entre médico y paciente, habrá que pagar los gastos por duplicado: los gastos de la prueba innecesaria y los de la posterior prueba necesaria.